Reducción de Diputados en República Dominicana: ¿Eficiencia o Retroceso?

Por: César Rodríguez

La discusión sobre la reducción de la cantidad de diputados en la Cámara de Diputados de la República Dominicana se ha convertido en un tema central en el debate político actual. Esta propuesta, contenida entre los temas que ha presentado el presidente Luis Abinader para una posible reforma constitucional, pretende optimizar el funcionamiento del Congreso y hacer más eficiente la gestión pública, presenta tanto beneficios potenciales como riesgos significativos. En una sociedad que demanda transparencia y eficiencia, ¿podría esta medida ser la respuesta a algunos de nuestros problemas o un retroceso en nuestra joven democracia?

Uno de los aspectos positivos más destacados de la reducción del número de diputados es la potencial mejora en la eficiencia legislativa. Un Congreso más pequeño podría facilitar la toma de decisiones y agilizar los procesos legislativos, reduciendo la burocracia y las interminables discusiones que a menudo paralizan la acción parlamentaria. Esto podría traducirse en una legislación más oportuna y relevante para las necesidades del país, un anhelo constante de la ciudadanía que ve en el Congreso una entidad a menudo lenta y desconectada de la realidad.

Además, una reducción del número de diputados podría generar ahorros significativos para el erario público. Menos diputados implican menos salarios, menos beneficios y una reducción de los costos operativos asociados a la gestión parlamentaria. Estos recursos podrían ser reorientados hacia áreas críticas como la educación, la salud y la infraestructura, sectores que requieren urgentemente inversión y que impactan directamente en la calidad de vida de los dominicanos.

Por otro lado, es innegable que la reducción del número de diputados también podría afectar negativamente la representación democrática. Un Congreso más pequeño podría significar una menor diversidad de voces y una representación insuficiente de ciertas regiones y grupos minoritarios. La riqueza de la democracia radica en la pluralidad de ideas y en la inclusión de diferentes perspectivas, algo que podría verse comprometido si se reduce el número de representantes.

Esta medida, podría aumentar la concentración de poder en manos de unos pocos, debilitando la dinámica de pesos y contrapesos esencial para una democracia saludable. Con menos diputados, el riesgo de que el poder se concentre en un grupo reducido se incrementa, lo que podría facilitar la manipulación y el control de decisiones críticas por parte de intereses particulares o del propio Ejecutivo.

El costo político para los actuales miembros del Congreso no es menor. Una reducción de escaños significaría una competencia más feroz y una mayor incertidumbre para aquellos que buscan mantenerse en el poder. La lucha interna dentro de los partidos políticos se intensificaría, posiblemente aumentando las divisiones y los conflictos. Este sacrificio de estabilidad política podría tener repercusiones negativas en la cohesión interna de los partidos y en su capacidad para gobernar de manera efectiva.

Desde una perspectiva social, la reducción del número de diputados podría ser vista con desconfianza por una ciudadanía que, aunque descontenta con la actual clase política, también teme que menos representantes signifique una menor posibilidad de ser escuchados. En un país donde la desconfianza hacia las instituciones es alta, cualquier medida que parezca reducir la voz del pueblo podría desencadenar protestas y un mayor desencanto con el sistema democrático.

La clase política, enfrentada a esta propuesta, debe evaluar no solo los beneficios económicos y de eficiencia, sino también los riesgos inherentes a la reducción de la representación. La clave está en encontrar un equilibrio que permita mejorar el funcionamiento del Congreso sin sacrificar la pluralidad y la representatividad que son esenciales para la democracia.

Finalmente, entendemos que la reducción del número de diputados en la República Dominicana es una propuesta que, aunque atractiva desde el punto de vista de la eficiencia y el ahorro, presenta riesgos significativos para la representación democrática y la estabilidad política. La decisión no debe tomarse a la ligera ni ser impulsada únicamente por el deseo de ahorrar costos, simplificar procesos o manipular la correlación del poder. Es fundamental un análisis profundo y una consulta amplia con la sociedad para asegurar que cualquier cambio fortalezca, y no debilite, nuestra democracia. Solo así podremos avanzar hacia un sistema político más justo, eficiente y representativo.